En nombre de la seguridad cada vez son más las comunidades que instalan o proyectan instalar cámaras para vigilar a los vecinos, con el propósito de justificar que están haciendo nada contra la inseguridad humana. Estos programas que significan una importante erogación económica, son promovidas por los gobiernos de Córdoba y Santa Fe, las mismas provincias que están complicadas con la narco policía, es decir los encargados de controlar las imagenes de como se mueve la población.