Al conocerse la noticia que la municipalidad de Río Segundo, en el marco de los festejos por el Día de la Mujer, cerró de manera definitiva una wiskería, surge la pregunta, Si en esa ciudad de nuestra provincia se puede ¿Por qué en Morteros no se puede?.
La municipalidad de Río Segundo hizo efectivo el traspaso a la órbita de la municipalidad de un edificio donde funcionó una whiskería, para que en ese espacio físico funcionen dependencias municipales y provinciales que brindaran servicios de seguridad ciudadana.
Por otra parte el local será utilizado en el marco del programa “No a la trata de personas”, para lograr la definitiva erradicación de las whiskerías en todo el territorio provincial, para el dictado de conferencias contra la prostitución y la trata de personas.
En nuestra ciudad la explotación sexual de las mujeres no solo se genera en una wiskería, también de manera callejera a través de una gran cantidad de tratantes de personas conocidos como fiolos, representando una seria violación de los derechos humanos, no existiendo en este sentido programas de recuperación y contención hacia las mujeres explotadas, como así tampoco actuación de la policía y la justicia al respecto.
Morteros cuenta con antecedentes por actuación de la justicia en la wiskería, encontrando de manera reiterada a mujeres extranjeras indocumentadas, pero en el período de gobierno que finalizó el año pasado el Concejo Deliberante presidido por el actual jefe de gabinete, Pablo Mina, no se derogó la ordenanza que regula el funcionamiento de este tipo de locales. Tampoco en ese sentido desde la Secretaria de Gobierno, área que tiene a su cargo el control, fue elevado ningún proyecto de ordenanza, a pesar que desde la presidencia de la Nación y distintos organismos se viene haciendo fuerte hincapié en que se erradiquen este tipo de locales en el marco de la lucha que vienen llevando adelante para combatir la trata de personas.
En Río Segundo se puede simplemente porque existe la decisión de trabajar contra la trata de personas, teniendo en cuenta que el anterior Concejo Deliberante de Morteros no trabajó en ese sentido y en la actualidad el área responsable del tema está a cargo de quien presidia el cuerpo, tanto la bancada oficialista, como la bancada opositora deberían cumplir con el instructivo de la Procuración General de la Nación, donde advierte que el “incumplimiento” de las normas provoca “severos inconvenientes para la investigación” de este delito, pero además deja constancia de que “los prostíbulos, prohibidos por ley, funcionan bajo nombres eufemísticos y son lugar de destino por excelencia de las víctimas”. Asimismo, planteó que, frente a la posibilidad de disponerse un allanamiento en esos lugares, que intervengan los municipios para “concretar la clausura del local y promover la caducidad de la habilitación o inhabilitación, de acuerdo con las ordenanzas o reglamentaciones locales”.
