Ante la sensación de inseguridad que sufre la población, la excusa para prevenir el delito es la instalación de cámaras de seguridad, lo que según investigadores coinciden en que es un negocio de alto costo que solo sirve para aumentar la sensación de inseguridad, ya que no previene el delito y viola el derecho a la intimidad de las personas, es decir provoca una grave violación a los derechos humanos.
Por estos días la Municipalidad de Freyre pondrá en funcionamiento 14 cámaras de seguridad en distintos sectores del radio urbano, mientras que la Comuna de San Guillermo proyecta colocar un sistema similar. En Morteros la Cooperativa de Servicios Públicos en conjunto con el municipio tienen un proyecto en estambay.
La instalación de sistemas de video vigilancia es una de las tantas recetas del Pentágono, que muchas autoridades siguen al pie de la letra, pero en democracia violan los más elementales derechos de los ciudadanos consagrados en la Constitución y los distintos pactos.
La doctrina de seguridad que fortaleció Estados Unidos después del atentando a las torres gemelas e introducidas a la Argentina por el no ingeniero Blumberg, de manera sutil fueron generando la necesidad y el acostumbramiento de la sociedad a ser vigilada, pero como se puede apreciar no resuelven la problemática de seguridad.
Perseguir y controlar por intermedio de una cámara es una de las prácticas más aberrantes que utilizan las dictaduras para con posterioridad extorsionar y calumniar. Si en la década del 70 cada población habría contado con cámaras de seguridad. ¿Cuánta gente más habría desaparecido?
De que libertad hablamos, si se vulneran derechos fundamentales, al no tener derecho de transitar libremente por las calles, donde gobernantes y policías represores controlen los movimientos de cada uno de los habitantes, ya que las cámaras muestran con nitidez la imagen a mas de 150 mts, pudiendo hasta poder saber lo que se está haciendo en el interior de una vivienda, es decir se somete a la población a una especie de gran hermano, donde además, luego de grabar una persona o móvil por primer vez, con solo un clik muestra todas las oportunidades que aparecieron en todas las unidades de filmación, es decir que pueden rastrear los movimientos de los habitantes durante las 24 horas durante todo el año y no hablemos de la venta de información, datos personales, digitalización de imágenes para las campañas de marketing directo para el fortalecimiento de la sociedad de consumo o para ser utilizadas para influir en la opinión pública.
El consultor y miembro de la Junta Directiva Nacional del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Dr. Guillermo Nicora, dijo que la instalación de cámaras en la calle “no disminuye el número de robos”, sino que sólo genera un “desplazamiento” de los hechos delictivos. “El delincuente no va a ir a robar a un lugar porque hay una cámara, pero lo va a hacer quizás en la otra cuadra”, explicó y afirmó que la implementación de ese tipo de medidas produce “mayor sensación de inseguridad”. Con esto no quiero menospreciar el problema, todo lo contrario, quiero significar que es más grave porque no hay medida político criminal para combatirlo”, analizó.
Ante este planteo cabe preguntarse, ¿si la colocación de cámaras de seguridad para prevenir el delito en algunos sectores no es una medida discriminatoria? Ya que supuestamente solo previene el delito a algunos vecinos.
En ese contexto, Nicora evaluó que con la colocación de cámaras “se dá una paradoja: generan más intranquilidad, más miedo y más infelicidad y en la medida en que la gente está más asustada, invierte más en seguridad y está dispuesta a entregar lo que sea y ese es el negocio para el que vende las cámaras, las puertas blindadas, etcétera”.
Violación a los derechos humanos y violencia hacia la mujer
Alda Faccio consultora de Unicef, Pnud, Unifem, IIDH y Cladem al respecto señaló que las cámaras de seguridad son una receta del pentágono contra el terrorismo, pero pequeñas ciudades las instalan bajo el pretexto de la seguridad. Lo que es seguro es que se trata de una violación a los derechos humanos, a la intimidad y la identidad de las personas por lo que los jueces deberían actuar ante semejante atropello a la sociedad.
Además en pequeñas ciudades la instalación de cámaras de seguridad significa un nuevo sometimiento para la mujer que al ser vista charlando con un hombre a través del teléfono descompuesto del chisme terminan inventando amantes y otras tantas situaciones, por lo que es también una forma de promover la violencia hacia la mujer, dijo Faccio.
El derecho a la seguridad no debe chocar con el derecho de los ciudadanos a la intimidad y a sentirse libres y no controlados ni vigilados, derechos fundamentales consagrados por nuestra Constitución y los distintos pactos, por lo que se hace necesario defender las garantías para el disfrute de los derechos y libertades de los ciudadanos frente a esta agresión contra la intimidad de las personas, donde la libertad y la democracia pierden terreno. ¿Por qué la justicia no defiende los derechos ciudadanos?
La realidad de nuestros pueblos nos demuestra que hoy se está más propenso a morir atropellado en un hecho de tránsito que a sufrir un violento robo, pero nadie piensa en el riesgo de morir en la calle como consecuencia de las motos que circulan a alta velocidad, autos que no respetan las normas, bicicletas que circulan por cualquier parte. Pareciera que es más importante un bien material que la vida.
Lo que deberían hacer las autoridades es cumplir con la recomendación del relator especial de la ONU, utilizando medidas de vigilancia audiovisual en el interior de las dependencias policiales para evitar los malos tratos, el abuso de poder y la violencia.
Si nuestras comunidades quieren, como es legítimo, una ciudad segura, en la que nuestro patrimonio esté a salvo, quizás se debería empezar dando el ejemplo, colocando varias cámaras en cada uno de los rincones del edificio municipal para que la ciudadanía conozca de primera mano los temas que se cocinan a espaldas del pueblo, pero como vemos se proponen colocar cámaras ante el ojo ajeno pero evita ponerla ante el suyo propio. Con ello se criminaliza el espacio público y se omite cualquier necesidad de dar la vuelta al objetivo de la cámara y enfocar hacia la cúspide de la fortaleza municipal. Pareciera que el mal se origina en la calle y sólo de ella, mientras en la cúspide del poder fluye la decencia.
