miércoles, 3 de julio de 2013

Dar batalla a las droga, la inseguridad y la corrupción

Por todos es conocido que las drogas destruyen vidas, familias y comunidades, debilitan el desarrollo humano y generan delincuencia, por lo que afecta a todos los sectores de la sociedad en todas las poblaciones, afectando la libertad y sobre todo el desarrollo de los jóvenes.
Las drogas son una grave amenaza para la salud y el bienestar de todos, constituyendo una grave amenaza para la independencia del Estado, la democracia y la estructura de toda la sociedad carcomiendo la dignidad y la esperanza.
En nuestra región pareciera que esto está claro en la sociedad civil, como quedó demostrado en la marcha realizada en Freyre, la propuesta de la comunidad de Porteña en constituir una escuela para padres y en la propuesta de reactivación del Grupo DAR Apoyo al Joven en Morteros, como así también en las acciones que vienen llevando adelante distintas ONG en las comunidades de nuestra zona, acciones estás que si bien en todos los casos reciben el apoyo de las autoridades municipales para llevar adelante las distintas actividades, no se vislumbra aún una determinación y empeño inquebrantable por parte de las autoridades de las comunidades de nuestra región en dominar el problema de las drogas mediante estrategias inter regional tanto para reducir la oferta como la demanda ilícita de drogas.
Si bien las medidas de lucha contra el problema de las drogas son una responsabilidad común y compartida que exige un enfoque integral y equilibrado para el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, es necesario que exista decisión de las autoridades políticas para encaminar una lucha sostenida en todas las etapas a través de formulación de políticas que de manera decisiva enfrente el problema.
Con satisfacción vemos los esfuerzos que un gran número de personas a través de distintas organizaciones luchan en diversas esferas, como así también es alentador el comportamiento de la inmensa mayoría de la juventud que no consume drogas ilícitas, como así también la particular atención que a través de la enseñanza en la escuela se realizan con actividades de información y distintas medidas de prevención, pero para que todo ese esfuerzo, ese trabajo muchas veces silencioso acreciente sus frutos, es necesario que se establezcan mecanismos regionales y sub regionales para coordinar las acciones, proporcionar los recursos necesarios para trabajar en la prevención para la disminución de la demanda, en la represión de los narcotraficantes y en el tratamiento y rehabilitación y facilitar la reinserción social a fin de devolver la dignidad y la esperanza a los niños, jóvenes, mujeres y hombres que han caído en la toxicomanía, y de luchar contra todos los aspectos del problema de las drogas.
Para ello al esfuerzo que realizan las comunidades, las familias y las distintas organizaciones se debe articular con un trabajo sostenido en el tiempo desde la institucionalidad política a través de organismos como el Eremnec u otros que se puedan crear de manera especifica con la firme decisión de cooperación mutua entre las autoridades políticas, judiciales, policiales y de la sociedad civil para desbaratar las redes de la delincuencia, articular la reducción de la demanda como pilar fundamental para luchar contra el problema de la droga y el tratamiento y rehabilitación. 
Todas las poblaciones se ven afectadas por las consecuencias desbastadoras que día a día se agudiza por el uso y el tráfico de drogas, razón por la que ante esta aguda realidad los municipios deberían tener como política de Estado dar batalla en todos los frentes con un enfoque global y coordinado entre todos los sectores en un trabajo integrado entre todas las comunidades.

Disminución de la demanda
Al disminuir el mercado, la oferta cae, por lo que los programas para reducir la demanda de todas las sustancias deberían formar parte de la estrategia esencial de cualquier gobierno municipal, con una amplia gama de intervenciones apropiadas con un enfoque de colaboración multisectorial, integral y coordinado con políticas públicas y sociales que influyan sobre el bienestar sanitario, social y económico de la población.
En este sentido evaluar la problemática e identificar las soluciones viables a través de formulación y ejecución de políticas y programas adecuados gestados entre los gobiernos, y todas las organizaciones no gubernamentales, acrecienta la conciencia pública ante los efectos negativos del uso indebido de drogas y aumenta la capacidad de las comunidades para hacerles frente. 
Los mismos deberán estar concebidos de modo que respondan a las necesidades de las poblaciones, prestando particular atención a la juventud abarcando todos los aspectos de la prevención, desde la tarea de desalentar el consumo inicial hasta la de reducir las consecuencias sanitarias y sociales nocivas del uso indebido de drogas con accesibilidad a los grupos más expuestos a este riesgo, teniendo en cuenta las diferencias de género, cultura y educación.
Además los esfuerzos para reducir la demanda deben estar acompañados con acciones que aseguren y mantengan un entorno atractivo y accesible a las opciones sanas, como así también es importante la cooperación para el desarrollo alternativo con una mayor integración de los sectores más vulnerables que participan en el mercado de las drogas ilícitas proporcionando actividades económicas legales y viables. 

Batalla contra el narcotráfico
La actividad del tráfico y la venta de drogas en muchos casos es posible llevar a cabo por que existe una red de corrupción que permite que impunemente se puedan concretar y es quizás aquí donde toma mayor trascendencia la participación activa y coordinada a nivel de la comunidad, por que cuando la sociedad controla la corrupción desaparece y en este caso la posibilidad de desarrollo del narcotráfico se reduce.
El trabajo coordinado e integrado en toda la región entre el poder político, judicial y policial con la activa participación de la sociedad con la instrumentación por medio de las nuevas tecnologías de canales de información que permitan de forma anónima brindar detalles de ubicaciones geográficas, movimientos de personas, situaciones de riesgo en general entre otras tantas informaciones y que estas a su vez queden registradas de manera tal que obligue a investigar, actuar y reprimir va a hacer que a través del tiempo la delincuencia quede a buen resguardo y como consecuencia de ello se disminuya la posibilidad de oferta.
En nuestras pequeñas poblaciones se puede comprobar la rápida evolución de la situación social y económica de quienes están vinculados de manera directa o indirecta a la actividad, por lo que el sistema de información también debe extenderse para la investigación a través de los organismos provinciales y nacionales correspondientes al movimiento de estas personas, como así también deben participar en el mismo las entidades bancarias y financieras para que denuncien cuando sospechan que se generan movimientos de dinero proveniente del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, así como de otros delitos graves
La interactuación ciudadana a través de un trabajo coordinado desde la institucionalidad política permitirá alertar y al mismo tiempo contar con un mapa sobre los lugares donde se vende droga, los mecanismo del tráfico, donde se reducen los elementos robados, contar con información sobre los financistas, donde se encuentran los grupos de riesgo entre otras tantos detalles que permitirían dar batalla sin arreglos, ni miradas hacia otro lado por parte de ninguna autoridad competente a la destrucción de nuestras comunidades. Es decir generaría un nuevo espacio para la lucha contra la droga, la inseguridad y la corrupción.