La inconsulta imposición del gobernador José Manuel De la Sota, aceptada como una orden inapelable por las autoridades municipales de cambiar el nombre a la localidad de Miramar con el agregado «de Ansenuza» generó mal estar y polémica entre los habitantes que son tenidos como convidados de piedra.
La sola propuesta del gobernador en un discurso de cambiar la identidad de la única población costera de la laguna Mar Chiquita, hizo que fuera acatada sin debate, sin consulta por las autoridades municipales y sin instrumentos legales.
Esta actitud del gobierno municipal generó en la comunidad una fuerte discusión que se extiende a las redes sociales entre los que acuerdan con el nombre y quienes no están de acuerdo con el cambio de identidad, ante la mirada silenciosa de quienes deberían arbitrar los medios para conocer la opinión de sus habitantes, únicos soberanos para adoptar la decisión.
La Constitución de nuestra provincia, establece que cada pueblo es autónomo de sus decisiones entre otras cosas política e institucional, donde el municipio es independiente de todo otro poder. La vigorosa autonomía de los municipios es quizás uno de los logros más trascendentes en la última época del Siglo XX, brindando amplias formas de participación como base de la democracia y el federalismo.
Por ello, al escuchar al gobernador diciendo que debería pasar a denominarse Miramar de Ansenuza, imaginamos una reacción inmediata de los representantes del pueblo, en defensa de las atribuciones que tiene en función de la más elemental seguridad jurídica en un tema de profundas implicancias políticas, económicas y sociales. En cambio silenciosamente se dejó actuar al feudalismo.
No estamos diciendo que Miramar no tenga necesidad de generar su propia identidad para captar turistas todo el año, para la generación de una mayor riqueza, para lograr una mejor calidad de vida de sus habitantes. Esto no se logra solo cambiando el nombre a la localidad, para ello son necesarias un conjunto de políticas de desarrollo local que deben ser resueltas con la participación activa de la comunidad y sus autoridades sin intereses partidarios y de otra naturaleza, llevarlas a cabo junto a las instituciones locales.
Buscar identidad, generar acciones para una mejor atención de los turistas y llevar adelante una fuerte campaña comunicacional y de marketing, sin lugar a dudas que debe ser la acción prioritaria de cualquier población turística, sin que eso signifique perder los principios autónomos, libertarios y democráticos del municipio. Alentamos al Concejo Deliberante a utilizar los mecanismos constitucionales para que el pueblo pueda ser protagonista de esta decisión y el Poder Ejecutivo a actuar, no bajo las ordenes de un gobernador, sino acatando lo que el pueblo resuelve en defensa de la autonomía local, que es el principal fundamento del régimen municipal.
Esperamos por el crecimiento de la democracia, que Miramar viva en plenitud este principio de autonomía donde sus autoridades ejerciten una celosa defensa y si se tiene que denominar Miramar de Ansenuza, sea porque el pueblo mayoritariamente así lo resolvió y no porque el patrón de estancia, lo ordenó.
