viernes, 16 de marzo de 2018

La segura inseguridad

«Es un tema muy complejo lo que sucedió, pero siempre estuvimos en contacto con las familias de los menores que fueron trasladados al Complejo Esperanza», aseguró el intendente José Bría en declaraciones formuladas a través de Radio República, donde además se justificó enumerando una serie de acciones que según él dice vienen concretando.
En el mismo medio, una madre dijo que «el intendente todavía no se acerco, no habló con ninguna de las madres, si estuvo el legislador Germán Pratto, quien dijo que nos iba a ayudar, pero el municipio no se acercó, me voy a acercar yo», manifestó la madre de uno de los adolescentes que fue institucionalizado en el Complejo Esperanza.
Si el intendente en lugar de armar un buen discurso, hubiese hablado con la familia de los adolescentes, habría tenido conocimiento que se encontraban gestionando la internación en La Fazenda de la Esperanza «San José» en el hogar agrícola de Morrison, en el momento mismo que la justicia ordenó que los cuatro pibes sigan perfeccionándose en el Complejo Esperanza para que en poco tiempo vuelvan con algunas prácticas de consumo incorporadas, como ocurrió hace un tiempo atrás. Esta medida fue expuesta por Bría como una respuesta concreta por parte de la policía para resolver el problema de inseguridad, cuando los hechos demuestran que hacia adelante la agravan.
Si el intendente se hubiese sentado a dialogar con las familias de los adolescentes institucionalizados, tendría conocimiento que cuando hace un tiempo atrás estuvieron en el mismo lugar, además de consumir marihuana y cocaína, aprendieron a consumir distintos tipos de pastillas. Si hubiese charlado como aseguró, quizás podría enterarse de donde salen las pastillas que consumen los pibes o en que institución le facilitan las recetas para poder adquirirlas y podría tomar alguna medida, más allá que quizás políticamente pueda transformarse en un escándalo.
«Ellos ya no fuman faso, se empastillan. Ya no comía debe pesar 40 kg» manifestó angustiada la mamá de uno de los pibes que sufre las consecuencias de las inexistentes políticas contra el narcotráfico y las adicciones que sufre Morteros desde siempre, las que con amparo judicial son tapadas depositando a los chicos en un instituto que como cuenta la madre, siguen consumiendo, «nunca se van a recuperar de las adicciones, va a volver y, va a hacer lo mismo. Ellos hacen eso para consumir, porque solo buscaban dinero, no robaban otra cosa, buscaban plata para consumir»

La ley existe pero no es aplicada
La policía y la justicia está atada porque existe una ley que no permite imputar a menores de 16 años repiten a coro desde todos los sectores con responsabilidad para tratar de tranquilizar a la comunidad, en lugar de buscar soluciones para la problemática del consumo de estupefacientes y alcohol, dos temas que suelen asociarse con la comisión de delitos.
No es verdad que están atados por la legislación, tanto la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a ella y especialmente, la Convención de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, constituyen la base mínima de derechos y garantías para quienes están en conflicto con la ley penal. Lo que se produjo es un cambio de paradigma al terminar con el patronato de menores al cambiar la denominada Ley Agote que regía desde 1919, donde no solo establece las pautas sobre la tutela estatal para los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también para todos los desprotegidos. 
Es decir la legislación existe, no se está cumpliendo con lo establecido en política de promoción y protección y el juzgado de menores que debería resolver en consecuencia ignora su existencia. Ante situaciones como las que vive la ciudad con los adolescentes, el juzgado de menores en lugar de institucionalizar debería resolver la intervención en este caso del Estado municipal y a través de este, la participación de los organismos de la provincia para que intervengan desde una perspectiva de re intregración a su familia y a la comunidad solucionando los conflictos con activa participación del ámbito de la educación, el trabajo, y la cultura, generando oportunidades de vida que contrarrestren la realización de comportamientos delictivos para una adecuada reinserción social de los jóvenes en conflicto con la ley penal en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
La justicia en lugar de someterse a las decisiones del poder político para hacer creer a la sociedad junto a la policía que están actuando, debería hacer cumplir las leyes como corresponden en lugar de depositar a los pibes en un espacio que degrada a cualquier ser humano, más aún cuando se trata de adolescentes que pueden haber sido vulnerados en muchos casos desde la niñez.
Cualquier juez debería saber que la institucionalización es la última medida que se debería tomar después de agotadas todas las demás planteadas en las convenciones internacionales y legislación de nuestro país. En el caso de los pibes de Morteros, la única medida adoptada por la justicia fue la institucionalización unas horas después que la comunidad se auto convocara para marchar para reclamar seguridad. Es decir resolvió en función de la necesidad política del momento, pero en el tiempo perjudica a la sociedad en su conjunto porque no resuelven los problemas que sufren los adolescentes.
La decisión tomada por la justicia y suponiendo que la serie de acciones que según el intendente dice vienen concretando, no sean parte de la cáscara de un discurso, calman las agitadas aguas, pero una nueva corriente volverá a provocar una crecida como se viene experimentando en los últimos años.

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