La trampa del alcohol que atrapa a las y los adolescentes es un problema social y de salud pública que debe ser controlado y regulado por el Estado, a través de normas concretas y un efectivo accionar de quienes tienen la responsabilidad del poder de policía ante el incumplimiento del expendio de bebidas alcohólicas.
Ante los inescrupulosos comerciantes que venden alcohol a menores de edad la policía aplica el Código de Faltas reprimiendo a quienes sufren las consecuencias, pero nunca lo hace a quienes las generan y los controles municipales brillan por su ausencia.
Ante el anunció en Morteros por parte del intendente municipal que trabajarán en la modificación de la ordenanza de espectáculos públicos con el propósito de reordenarla a los nuevos tiempos que vivimos entre otras sería importante que tenga el espíritu de proteger de manera integral a la adolescencia y la juventud y no en la defensa del comercio como en muchos casos se vino haciendo.
En esta nueva norma que piensan dictar para mantener una coherencia con la legislación relacionada con el expendio de bebidas alcohólicas, se debería establecer que en los locales bailables o espectáculos a los que ingresan menores de 18 años no se autorice la venta de alcohol.
Una medida de esta naturaleza permitirá resolver el ineficiente control (in) existente y al mismo tiempo generará nuevos espacios para las y los adolescentes con la consecuente generación de fuentes de trabajo, pero por sobre todas las cosas se estará pensando en cuidar la salud de ellas y ellos, más allá de los programas que existen y los que se puedan crear para la formación y educación.
Pero más importante aún para poder generar una legislación adecuada a la realidad, necesariamente deberán intervenir en el debate de la misma los distintos actores, donde se brinde mayor jerarquía a los aportes que pueda realizar la adolescencia y la juventud por ser ellos los destinatarios finales de la norma.
Otra de las medidas que deberían ser adoptadas es la limitación a la publicidad que alienta el consumo de alcohol, prohibiendo la realización de concursos, torneos o eventos de cualquier naturaleza que requieran la ingesta de bebidas alcohólicas, muchas veces utilizadas por los locales comerciales como parte de sus espectáculos.
Una epidemia peligrosa
Según algunas estadísticas del gobierno provincial el 70 % de los jóvenes cordobeses consumen alcohol, cifra que hace que se este sufriendo una epidemia peligrosa que genera accidentes, muertes, violencia, embarazos precoces entre otras consecuencias que alteran desde lo psicológico y psicopedagógico.
El alcohol es una de las drogas que por su fácil acceso y poderosa propaganda que recibe, se ha convertido en un verdadero problema social y en todas las edades a partir de la adolescencia. El alcohol es la droga más ampliamente empleada por las y los adolescentes, aunque no tenemos estadísticas en nuestra región, existen evidencias de un elevado índice de consumo de alcohol en esa franja etaria. Sin embargo, mucha gente piense que mientras no se convierta en alcohólico típico, las consecuencias de beber frecuentemente y en altas dosis no son tan alarmantes. Pero según los especialistas los estragos del alcohol pueden ser graves y muchos de ellos irreversibles, ya que de acuerdo a estudios generales uno de cada tres estudiantes de secundaria sufren las consecuencias negativas del mismo, bajo rendimiento escolar, violencia social, cultural y familiar.
Responsabilidad indelegable
A cada fin de semana en las localidades que cuentan con locales nocturnos a los que asisten las y los jóvenes vemos con reiteración a la policía reprimir a través de la aplicación del Código de Faltas la afectación del orden, la tranquilidad y la seguridad pública muchas veces como consecuencia del elevado consumo de alcohol, pero nunca se aplica este a los empresarios y comerciantes que ofrecen como opción de divertimento para nuestros chicos el alcohol, menos aún los municipios hacen cumplir las ordenanzas vigentes a quienes cometen el delito de suministran alcohol a menores de edad o a quienes aún siendo mayores de edad se encuentran en estado de ebriedad.
La Ley 26601de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a la que adhirió la provincia a través de la Ley 9396, y fortalecida con la Ley N° 9494, donde se establece que el ejercicio integral de sus derechos tiene un carácter privilegiado en el orden social, y que este interés superior debe ser observado por los diferentes niveles de gobierno.
La legislación contempla que toda acción u omisión que se oponga constituye un acto contrario a los derechos fundamentales, donde el Estado tiene la responsabilidad indelegable de mantener el interés superior de las personas
La presunción y sospecha de que en boliches se les vende alcohol a las y los adolescentes es aquí moneda corriente, lo que habilitaría a cualquier ciudadano a recurrir ante la justicia para pedir la intervención de esta para que se exija el cumplimiento de la normativa municipal y provincial y sobre todo por el incumplimiento de la responsabilidad indelegable que tiene el Estado, establecida en la Ley de Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Pero no resolveríamos la problemática del consumo de alcohol en la adolescencia, denunciando a los funcionarios que no cumplen con su deber, sino que ante el poco control dentro de la seguridad ciudadana, es importante que al dictar una nueva ordenanza sobre la nocturnidad se lo haga de manera coherente con la legislación vigente a nivel nacional y provincial, donde al autorizar el funcionamiento de un local bailable en la que se permita el ingreso de menores de 18 años, no sea habilitado para expender bebidas alcohólicas, como así también no se permita la realización de concursos de todo tipo que inciten al consumo de alcohol, pero más allá de esta mínima propuesta como disparador, es necesario legislar a partir de un diagnóstico real sobre la vida en la noche, y quienes están en condiciones de aportar información real y concreta son los adolescentes y los jóvenes, por lo que necesariamente se deben abrir espacios de debate para que ellos aporten de su propia experiencia sugerencias para la conformación de una nueva legislación en esta materia, además de ser un derecho constitucional que tienen, pocas veces respetado.
La nueva legislación además de tratar sea unificada en toda la región, debe apuntar a la generación de los necesarios cambios culturales, de conciencia, pero ese es un trabajo lento que si bien apuntaría a resolver la crisis estructural que repercute en la sociedad reconstruyendo las redes sociales, esto se lograría a largo plazo, por lo que al mismo tiempo es necesario establecer normas que apunten en lo inmediato a la defensa de la vida y no a la defensa del comercio, haciendo que quienes tienen la responsabilidad de cumplir las normas, no solo entiendan los cambios, sino que los generen para convertir a las y los adolescentes en un sujeto de la historia y no en un objeto de la misma.
