Después de la reunión sobre inseguridad en la que participaron alrededor de 400 vecinos de Morteros en la que entre otras cosas plantearon sospecha sobre la actuación de algunos policías, mágicamente después de más de un centenar de hechos contra la propiedad, las autoridades departamentales en segundos se enteraron que tres policías podrían ser parte de los mismos trasladando la problemática a Brinkmann y Seeber.
El fiscal Alejandro Acuña con una irreconocible celeridad pudo esclarecer un hecho de abigeato en la que se encontraría supuestamente vinculado un policía, para después ingresar a la feria judicial para tomarse quince días de vacaciones mientras el alrededor del centenar de hechos ocurridos en los últimos meses quedan sin esclarecer.
Llamativamente las autoridades departamentales de la policía de la provincia sin brindar ningún tipo de explicación a la sociedad relevó a los policías José Alberto Díaz, Dante Rivera y Javier Viano que prestaban servicios en la comisaría Morteros para trasladar a estos dos últimos a Seeber y Brinkmann respectivamente, mientras que Díaz al día siguiente fue vinculado a un caso de abigeato fue trasladado a Bouwer y caso resuelto.
Los policías relevados después que vecinos manifestaran que existe connivencia entre policías y delincuentes al concretarse de manera acelerada sin investigación previa y en silencio, utilizando el verticalismo existente en la fuerza evidencia que ante la participación ciudadana, sienten la presión de tener que hacer cualquier cosa para calmar los ánimos para seguir funcionando sin cambiar nada.
Si en menos de 12 horas pudieron determinar la identidad de los policías que según los ciudadanos que participaron de la reunión conviven con el delito, ¿Cuál es la razón por la que no pueden esclarecer cerca de 100 robos? ¿Son realmente estos los policías que protegen el delito? ¿No tomaron los más flojitos de papeles para buscar un chivo expiatorio? ¿Por qué no le brindaron ningún tipo de explicación a la sociedad en las causas que se encuentran implicados estos policías? Son preguntas que la policía no responde poniendo en evidencia que quienes conducen la entidad conocen detalladamente la situación dejando que todo transcurra. Si a estos policías realmente los trasladaron por tener connivencia con el delito, deberían las autoridades policiales explicar a la sociedad como se distribuyen los dividendos del producido de los robos.
Que la policía es una institución profundamente cuestionada no es una novedad, pero actitudes como las tomadas por los jefes policiales no hacen más que profundizar las sospechas y quizás ahí se encuentre la respuesta por la que nunca los compradores de los elementos robados son descubiertos, por lo tanto los grandes delitos como el narcotráfico, la trata de personas a pesar que el fiscal promociono el 0800, fue otra de las tantas palabras para auto justificarse consiente que nada va a pasar porque como lo plantean muchos especialistas la policía lo único que hace es actuar como un ente regulador del delito con conocimiento de la justicia.
Al tener la policía metida la cuchara en el negocio de los delincuentes de guantes blancos ante algún temblor corta el hilo por lo más fino, agudizando los niveles de violencia que en el tiempo terminan dando lugar al crecimiento del delito. Esto no nació por estos meses, es parte de un paradigma que opera desde hace años que como resultado en los últimos meses Morteros sufrió más de un centenar de hechos, como parte de ese engranaje, la mayoría de ellos sin que la fiscalía lo esclarezca.
Las autoridades políticas acompañan este proceso haciéndose los distraídos y al mismo tiempo se justifican que vienen gestionando más efectivos, móviles y cámaras de seguridad, solo un discurso para la tribuna pero que la realidad demuestra que no se resuelve con esas medidas, ya que el delito se multiplico de manera proporcional a la cantidad de personas incorporadas para prevenir el delito.
Desde el año 2011 la cantidad de personas que operan para la prevención del delito en Morteros creció en más del 500 %. Entre agentes y personal aportado por el municipio en la actualidad superan las 20 personas dedicadas a cuidar y proteger los bienes, hace cinco años no llegaban a 5 agentes, pero sin embargo los hechos contra la propiedad no superaban los 30 a 40, mientras que en lo que van del año entre los denunciados y los que no son dados a conocer no deben estar superando los 150 delitos perpetrados.
Como señala la Directora del Colectivo de Investigación «El Llano en Llamas», María Alejandra Ciuffolini, seguir insistiendo en la profundización de esta política, muestra con toda claridad el fracaso de los gobiernos para generar y construir oportunidades y alternativas, que permitan a las pibas y pibes incorporarse a la vida colectiva. Hablar de seguridad, no supone sólo atender a cuestiones de delito y criminalidad, sino a la capacidad de gobiernos de generar espacios de inscripción y valoración de los sujetos.
Seguir con la política de seguridad que se viene sosteniendo década tras década, trasladando policías, incorporando agentes, móviles y cámaras, no hará más que radicalizar la violencia, y las formas de exclusión, para que los delincuentes de guantes blancos sigan delinquiendo impunemente. Demostrar que se quiere una ciudad inclusiva, sin delitos con un cambio en serio y verdadero no es del otro, corresponde a la política local cambiar la visión para enfrentar la creciente problemática de inseguridad
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