Mano dura para seguir teniendo mano blanda

Fue trasladado al Complejo Esperanza un adolescente de 15 años que salió de una vivienda en Morteros con un perfume y una botella de fernet, que había fugado de una institución utilizada como depósito de personas para despojarse de responsabilidades, anunciaron con bombos y platillos, dando cuenta como existe mano dura para los débiles y mano blanda para los usurpadores de esperanzas, como un fiel reflejo de cómo la justicia actúa para que una parte de la sociedad respire aliviada, dejando que el gobierno no cumpla con las funciones establecidas en defensa de los derechos humanos.

En los últimos tiempos a través de los medios de prensa tanto la polícia como la justicia, anuncian la institucionalización de adolescentes en conflicto con la ley penal por haber cometido algún hecho contra la propiedad como una gran obra de la justicia morterense, mientras causas de corrupción vinculadas con el poder permanecen en los cajones desde hace casi cuatro años, otras son arregladas con diferentes artilugios legales y la mayoría de los delincuentes de guantes blancos operan impunemente a través del lavado, la evasión, el narcotráfico para terminar privando de su libertad a las víctimas del sistema.

La institucionalización de adolescentes en conflicto con la ley penal, una medida que toman para tranquilizar las almas de algunos y al mismo tiempo liberar el camino para la delincuencia de profundidad, es una regresión en relación a la aplicación de los paradigmas acerca de la niñez y adolescencia al volver sobre el patronato establecido a principios del siglo pasado. Está práctica desde diferentes sectores manifiestan que lejos de brindar contención, especializan en la formación delictiva con los consecuentes daños para el conjunto de la sociedad. ¿Que causa será la que hace que resuelvan enviar a los adolescentes a estos centros de desformación moral?

A contra mano

La legislación denominada «Patronato de menores» aprobada en 1919, se venía aplicando hasta que en el año 2005 se aprueba la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Si bien ambas por inacción del Estado conviven, en nuestra ciudad los adolescentes y la niñez eran institucionalizados en casos extremos, pero ante los cambios producidos en Tribunales como consecuencia del fallecimiento del Dr. Horacio Foa Torres, los pibes con conflictos con la ley penal por hechos contra la propiedad terminan siendo enviados a las universidades de especialización del delito, como son los institutos donde son alojados.

La legislación provincial, nacional e internacional reconoce que al ser acusados por infringir la ley penal, se debe promover su reintegración para que pueda asumir una función constructiva en la sociedad, siendo la privación de la libertad una medida de última instancia, frente a hechos de extrema gravedad, ya que se debe poner atención en la reinserción social y no en el castigo.

Es decir que la justicia debe priorizar todas las alternativas evitando la internación o el encierro, ordenando diversas acciones de orientación, enseñanza y formación, recuperación de adicciones entre otras para promover la inserción desde el desarrollo personal por intermedio de la construcción de un proyecto de vida.

Si bien la autoridad de aplicación es la provincia y debe propender a que los municipios establezcan órganos especializados, la responsabilidad municipal es indelegable en la formulación y ejecución de políticas públicas para el mantenimiento del interés superior de la niñez y la adolescencia, privilegiando la asignación de los recursos para garantizar su cumplimiento o en su defecto la Unidad de Desarrollo Regional (Uder) es a quien le deben ordenar adoptar las acciones para integrar a los adolescentes que cometen algún tipo de delito evitando la privación de la libertad.

Una mala vidriera

Dejar conviviendo en la ciudad a estos adolescentes que tienen una determinada conducta como producto de las condiciones sociales, pondrían al descubierto las deficiencias de la estructura social, las que en lugar de solucionar desde políticas activas para ofrecer oportunidades a la niñez y adolescencia, son segregados al separalos de la comunidad para profundizar el problema estructural constituyendo el camino hacia la carrera delictiva de mayor magnitud al ser los institutos verdaderas escuelas de delitos, según lo ponen de manifiesto un gran número de informes de profesionales e instituciones especializadas.

La justicia avala el incumplimiento de la legislación por parte del Estado como parte del sistema que usurpa el futuro de la infancia y la adolescencia aplicando mano dura para los olvidados, a los que no se les enseño a trabajar, no se les brindó posibilidades de crecimiento tanto a ellos como a sus padres cuando también fueron niños y adolescentes, juzgándolos tempranamente al decidir quiénes son peligrosos y quienes son dignos de ser salvados en función del poder que tenga en la sociedad.

Esos pibes despojados, desterrados y marcados a los que hoy la justicia los arrincona institucionalmente, sin exigir que los gobernantes cumplan con su deber de establecer políticas que los integre a la sociedad, mientras otros con poder económico siguen libremente por las calles enriqueciéndose con sus fechorías, está sistémicamente señalando que la dignidad no se encuentra en los palacios de las sentencias de la sagrada familia, las mismas que termina pidiendo mano dura para seguir teniendo mano blanda.