jueves, 24 de febrero de 2011

El municipio debe caducar la habilitación de lugares donde existe trata de personas con fines de explotación sexual

La trata de personas con fines de explotación sexual que en Morteros funciona tanto en locales como de manera callejera a través de una red integrada por distintos eslabones representa una seria violación de los derechos humanos.

“Es básico admitir que si no existiera gente que paga para poder acceder a personas en condiciones de esclavitud, esto sería imposible de llevar a cabo”. La frase pertenece a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y fue pronunciada en marzo de 2009 ante la Organización de Estados Americanos (OEA), pero hasta el momento no existe sanción para el cliente.
Al no estar permitidos los locales de oferta sexual, el municipio lo habilita bajo la denominación de wiskería o bar con alternadoras. Pero es de público conocimiento que en la wiskería que se encuentra en el ingreso norte a la ciudad existe oferta sexual. Hasta ahora los únicos que no se enteraron son los inspectores municipales.
En ese local la policía realizó procedimientos encontrando de manera reiterada a mujeres extranjeras indocumentadas, pero el municipio no tiene en cuenta el instructivo de la Procuración General de la Nación, a cargo de Esteban Righi, donde advierte que el “incumplimiento” de las normas provoca “severos inconvenientes para la investigación” de este delito, pero además deja constancia de que “los prostíbulos, prohibidos por ley, funcionan bajo nombres eufemísticos y son lugar de destino por excelencia de las víctimas”. Asimismo, planteó que, frente a la posibilidad de disponerse un allanamiento en esos lugares, que intervengan los municipios para “concretar la clausura del local y promover la caducidad de la habilitación o inhabilitación, de acuerdo con las ordenanzas o reglamentaciones locales”.
Por otro lado la oferta sexual callejera que durante las 24 horas por intermedio de una red de la que participan proxenetas, propietarios de locales que son alquilados como albergues transitorios, entre otros, funcionan libremente ante la silenciosa mirada de las autoridades competentes, no hace más que poner en evidencia que existe trata de personas con fines de explotación sexual en distintos ámbitos con clientela fija que no solo persigue la explotación de adolescentes menores de edad y a mayores, sino que se vulneran todo tipos de derechos.
Si bien el ejercicio de la prostitución no está prohibido. Sí están prohibidas ciertas modalidades del proxenetismo y promover o facilitar la prostitución de menores de edad. Según se desprende de diferentes informes, la mayoría de las mujeres son sometidas por cafiolos, ya que existen reglas de trabajo muy estrictas, que parecieran incluir sistemas de castigos físicos, donde demás está decir que las amenazas, los malos tratos, las golpizas, la explotación o la servidumbre son riesgos siempre presentes.
Estos hechos de sometimiento a mujeres manejadas por cafiolos son comentados por lo bajo por muchos vecinos de Morteros que se mantienen en silencio por temor a represalias, ante la inmpunidad con que se manejan estos personajes.
Denuncia al Estado
Más allá de la extensa legislación existente con respecto a la Trata de Personas en Argentina, este delito aún continúa con tal fuerza que corrompe a la política para alcanzar grandes dimensiones, hecho que movilizó al abogado Carlos José Díaz, de la Fundación Integradora Latinoamericana a interponer una denuncia por discriminación, debido a conductas que provocan la violación de derechos humanos, considerando que el no cerrar los locales donde se ejerce la prostitución, es una indiferencia cómplice de la trata de personas y se incurre en el incumplimiento de los deberes de funcionario público, señalando que “Resulta imposible que las redes de proxenetas puedan ejercer su actividad, si no se encuentran involucrados los poderes políticos del estado”.
Entre los fundamentos de la denuncia destaca que resulta imprescindible cambiar las ideas y las prácticas que instauran la desigualdad entre varones y mujeres, que significan para éstas mayor pobreza, menores recursos, descalificación, ser consideradas como objetos sexuales o como meras máquinas de reproducir seres humanos, condiciones éstas necesarias, para relaciones prostituidas, y que por estar tan arraigadas en la sociedad al punto que se encuentran “naturalizadas”, suceden sin mayor disimulo, y no se podrán desterrar sin una activa e intensa participación estatal, que hasta ahora no se nota.
Si bien la denuncia tomó su curso hasta el momento no tiene sentencia, ya que la misma fue presentada hace poco tiempo, lo importante, es que ante la inacción de las autoridades competentes se someta a la justicia a los responsables de erradicar la trata de personas con fines de explotación sexual.

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