Un nuevo allanamiento realizado por la policía de Morteros en la wiskería que está en las puertas de Morteros, pone en evidencia una vez más, lo que es público desde que el municipio aprobó una ordenanza hace alrededor de una década para permitir el funcionamiento de este local, mientras desde el área que tiene la responsabilidad de controlar se sigue mirando hacia otro lado.
Cuando desde los distintos estamentos se viene denunciando que estos locales que funcionan bajo la denominación de wiskerías puedan llevar adelante sus millonarios negocios, porque existe complicidad de la policía, el Poder Judicial y el Poder Político, en el caso de Morteros, tanto la policía como la justicia actuaron en varias oportunidades realizando allanamientos, e incluso la misma policía y la justicia puso en evidencia el accionar de dos miembros de la fuerza que habrían cobrado coimas en la wiskería morterense, quién hasta el momento miró hacia otro lado es el Poder Político, ya que desde la Secretaria de Gobierno que es la responsable del control sobre el funcionamiento de este tipo de locales, no acciona, como así tampoco lo hace con otros locales que son utilizados para la explotación sexual de mujeres.
Pero no solo los tratantes se encuentran en la wiskería Resistiré, sino que en gran número se encuentran diseminados por distintos sectores de la ciudad, en este caso ninguno de los tres organismos hasta el momento ha implementando medidas para abolir la trata de personas con fines de explotación sexual que en Morteros existe con un fuerte sometimiento de mujeres de nuestra ciudad y de la región.
En el Concejo Deliberante con la excepción de la Bancada de la UCR del periodo 1999 - 2003 que se opuso a la aprobación de la ordenanza que regula este tipo de locales presentada por el entonces intendente Jorge Giustina y aprobada por los concejales de Unión por Córdoba, desde aquella época, ningún integrante del Cuerpo Deliberativo integrado por mujeres y hombres hizo absolutamente nada para que se ejerzan los controles para evitar la trata de mujeres con fines de explotación sexual.
Cuando en el 2008 la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner reglamenta la Ley 26.364 y desde distintos organismos, además de la misma presidenta pide a los municipios que se clausuren este tipo de locales ante la mínima actuación judicial o policial, en Morteros el Concejo Deliberante, no trabajó en la derogación de la ordenanza para la abolición de la explotación sexual, este cuerpo presidido en el período anterior por Pablo Mina quien dice seguir los postulados de la presidenta de la Nación, actualmente es el Jefe de Gabinete y Secretario de Gobierno, área que tiene la responsabilidad de actuar para que la trata de personas con fines de explotación sexual deje de ser en Morteros moneda corriente.
El actual Concejo Deliberante hasta el momento aún no ha dado tratamiento a la derogación de la ordenanza que permite el funcionamiento de este tipo de locales bajo el eufemismo de wiskería. En una consulta informal realizada tiempo atrás al vice intendente, Horacio Pastore, este manifestó que es imposible por “te matan”.
Marcelo Colombo; “Se regula un hecho que es ilegal”
El municipio regula de un modo contrario a la legislación nacional, acudiendo al eufemismo de wiskería con reglamentaciones que según la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase) es ilegal utilizando otro eufemismo “Alternadoras”, exigiendo controles sanitarios, es decir “se regula un hecho que es ilegal” manifestó el Fiscal Marcelo Colombo a La Voz del Interior
Al respecto el Fiscal de la Ufase sostiene que el municipio que mantiene habilitados este tipo de locales es cómplice, porque están prohibidos por ley “La connivencia está dada en la situación de los prostíbulos, exista o no trata”, remarcó.
Al respecto, organismos de lucha contra la trata de personas sugieren recolectar todas aquellas ordenanzas municipales, a los fines de que sean evaluadas en torno a su posible incongruencia con normativa tanto nacional como internacional y al respecto ponen como antecedente el caso de un local que funcionaba en 25 de Mayo, La Pampa, donde en la causa la fiscal Ana Laura Ruffini pidió también el procesamiento del intendente de la localidad, David Bravo, y de dos funcionarios municipales, por autorizar el funcionamiento del local nocturno.
“Se necesita de funcionarios públicos que se convenzan de la importancia de una activa aplicación de esta ley instaurada para la eliminación del sistema prostibulario, en donde se explota sexualmente a mujeres; y no partiendo de sesgos moralizantes sino a partir de la comprobada circunstancia de que los prostíbulos y los proxenetas generan el terreno fértil a la esclavitud sexual de la mujer y consagran una práctica social discriminatoria que afecta sus derechos humanos”, pone de manifiesto un informe de la Ufase, quien al mismo tiempo reitera la necesidad de que sean clausurados los prostíbulos, remarcando que son los lugares donde se consuma el delito de trata de personas.
La misma unidad fiscal sostiene que si los prostíbulos permanecen abiertos, sin ser clausurados de manera definitiva, “los daños y padecimientos continúan sobre otros destinatarios, lo que destruye la idea de que la Justicia haga cesar el delito o de algún modo proteja a estas personas”. Apuntando a que la justicia debe investigar el rol que desempeñan los funcionarios en torno al funcionamiento de estos locales.
El negocio de la trata
Lejos de cualquier interpretación simplista o abordaje ‘romántico’ de la prostitución, sobre las bases de la centenaria actividad crece la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual. “Hoy la magnitud y la naturaleza de este negocio han cambiado substancialmente. Los prostíbulos siguen gerenciados por las mismas personas que hace 10, 20 años, son las mismas redes de antes, pero ahora el control de las mujeres lo tiene el crimen organizado”, explica Mercedes Assorati, Coordinadora General del Programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro, agregando que el crimen organizado negocia con los propietarios de estos locales para colocar a las mujeres que son traídas de otros países o del nuestro, a través de un sistema de alquiler por cortos periodos y luego las rotan, “por lo que las víctimas permanecen muy poco tiempo en cada lugar”.
El sistema de sujeción obliga a las mujeres a trabajar sin protección, a consumir drogas, son maltratadas, sometidas a toda clase de vejaciones y ‘la vida útil’ es muy corta”, indica Assorati.
El modelo sojero
“El modelo sojero no sólo produce la contaminación de nuestro suelo y expulsa a las poblaciones rurales hacia las periferias pobres de las ciudades, también agrava la situación de vulnerabilidad de mujeres y niñas. Basta con mirar los márgenes de los hegemónicos y famosos ‘caminos de la producción’ para encontrar las postales de miseria y olvido apenas iluminadas con las luces de las whiskerías, donde los cuerpos de las mujeres son sometidos, violados y explotados comercialmente no sólo por los varones, sino por todo un sistema ideológico y de negocios naturalizado y validado por la sociedad”, escribe Jorgelina Londero en una crónica del III Encuentro Latinoamericano de Mujeres Urbanas y Rurales por la Soberanía Alimentaria, realizado en Santa Fe.
“Cuando hay mayor movimiento de dinero es cuando se traslada a las mujeres para poder aprovechar al máximo el rendimiento, la explotación de estas mujeres. El dinero es lo que produce la demanda y la demanda es lo que hace que de la otra parte esté la oferta”, resume Adriana Domínguez, titular de la delegación Córdoba del Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
¿Es lo mismo trata y prostitución?
“Hay una misma raíz. La trata y la prostitución van de la mano, juntas. ¿Por qué? Porque ninguna mujer en condiciones de poder elegir con total libertad, elige la prostitución; hay distintas circunstancias que la llevan a la prostitución”, afirma Fabina Tuñez, coordinadora ejecutiva de la asociación civil La Casa del Encuentro, de Buenos Aires, desde una posición abolicionista -hay organizaciones de mujeres que consideran que la prostitución es un trabajo si se ejerce de manera voluntaria y para beneficio propio. “Siempre que hay prostitución hay un proxeneta, hay un fiolo, hay un cafisho, hay alguien que explota lo que esa mujer ‘gana’”, agrega.
“La prostitución se inscribe en las relaciones de opresión patriarcales, que colocan a los varones del lado del dominio y a las mujeres de la sujeción. La pregunta no es, ¿por qué las mujeres ingresan a la prostitución?, sino: ¿por qué tantos varones compran cuerpos de mujeres y niñas para satisfacción de su sexualidad?”, plantea la campaña Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución. “Las mujeres no ‘se prostituyen’, son prostituidas por clientes y proxenetas protegidos por el Estado, compelidas por la necesidad económica, por presiones de todo tipo, por la violencia material y simbólica, por costumbres e ideas contenidas en los mensajes culturales que consideran que las mujeres de todas las clases sociales somos objetos disponibles para satisfacer supuestas ‘necesidades’ de varones de todas las clases”, afirman en la publicación ‘Una perspectiva abolicionista sobre la prostitución y la trata’.
Si bien el proxenetismo, la explotación sexual de mujeres para beneficio ajeno, está prohibido desde 1913 y los prostíbulos desde 1937, el negocio continuó al amparo de funcionarios públicos y fuerzas de seguridad. Hoy éste toma la fachada de saunas, whiskerías, night club, VIP. Estamos hablando de un negocio de mucho dinero, pero también es cierto que para que exista la trata en todos estos lugares hay complicidades del poder político, del poder judicial, del poder policial, de la Gendarmería.
“De esta manera empezamos a entender que en cada prostíbulo, en cada whiskería, en cada ‘privado’, hay negocio, hay mafia y hay mujeres que están secuestradas o engañadas y no pueden salir. Porque salen de dos formas, o porque se escaparon o porque las mataron.”
Miguel Peiretti
