Cada vez en nuestra región son más las localidades que utilizan como referente doctrinal básico la política del Pentágono para controlar la vida de los habitantes utilizando la video vigilancia como parte de la cultura como rector de la vida pública, en una nueva disciplina de regulación y acomodamiento social de la conciencia cívica a las necesidades de orden y objetivos políticos de la administración pública.
Freyre la primera localidad en la región en instalar cámaras de video vigilancia, es un ejemplo que muy poco sirven para evitar los hechos contra la propiedad, es decir brindar seguridad a la población, ya que esa localidad sufrió robos de importancia en los últimos años sin que las cámaras que cuidan a la población se enteraran.
Lo propio ocurrió en Morteros cuando en la esquina de Bv. 25 de Mayo y 9 de Julio la Cooperativa de Servicios Públicos instaló una cámara de prueba y en ese mismo sector se registraron tres hechos delictivos contra locales comerciales, sin que haya aportado para evitar el delito y menos aún para esclarecerlo.
Pero a pesar de estas experiencias que surgen de la realidad concreta que las cámaras de seguridad no aportan nada para resolver la situación por lo que dicen que las instalan, la actual administración municipal de Freyre reforzó el control realizando una fuerte inversión en nuevas cámaras y Morteros proyecta realizar una fuerte erogación para controlar, mientras que Brinkmann y San Guillermo al igual que Suardi acaban de anunciar que en poco tiempo más comenzarán a controlar a la población instalando un sistema de cámaras.
No hay que dejar de tener en cuenta lo que expresan muchos especialistas en la materia que la instalación de sistemas de seguridad a través de la video vigilancia solo sirven para que algunos hagan grandes negocios beneficiándose económicamente.
Perder la libertad
En la actualidad en nombre de la seguridad se justifica todo, incluso la pérdida de libertades, ya que un grupo tendrá el control de toda la población, por eso es necesario plantearse ¿Cuánta libertad pierdo al ser registrado todo lo que hago por una cámara?. Hay que tener en cuenta que el ciudadano común no puede hacer nada ante estos vigilantes de sus movimientos, que además pueden llegar a generar tráfico de información, ya que nadie esta a salvo del cúmulo de imágenes que quedan registradas y almacenadas de manera sistemática y pueden ser utilizadas cuando se les ocurra y si el sistema funciona a través de líneas ADSL, las mismas pueden ser hackeadas para cualquier fin. Imagínese al daño que puede ser expuesta cualquier persona en nombre de la seguridad, creando mayor inseguridad, ya que las imágenes no solo son tomadas en la vía pública, sino también en el interior de las propiedades.
La video vigilancia es una práctica que atenta contra las libertades básicas, es una clara violación a los derechos humanos de las personas que están implementando los intendentes contra los pobladores, según lo indican los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, ya que es una manera que utilizan los municipios para legalizar el espionaje, utilizando los dispositivos específicos para localizar a las personas dentro de las grabaciones para aislarla y analizar detalladamente todos sus movimientos. Razón por lo que el sistema viene siendo acusado de abuso y violación de la privacidad.
El Sistema de Video Vigilancia permite a quienes lo manejan registrar, espiar y controlar a las personas sin orden judicial con el solo pretexto de que están controlando la seguridad de la comunidad, otra de las violaciones que cometen las autoridades municipales al poner en marcha estos programas.
Poder de disciplinamiento
El filósofo e historiador francés Michel Foucault al estudiar el nacimiento de la policía, lo hace como un arte de gobernar que mantiene su base tipo pastoral de ejercicio de poder. Aquí la policía no se entiende con el mismo sentido que en la actualidad se le atribuye al término, es decir, como el cuerpo de oficiales que se encarga de mantener la paz y de contener el crimen. De acuerdo a Foucault, en sus orígenes, la policía era una especie de técnica de administración del estado que comprendía la justicia, el ejército y las finanzas, que englobaba todo, tanto hombres como cosas y las relaciones entre ellos. En suma, la policía se encargaba de «permitir que los hombres sobrevivieran, vivieran y que les fuera cada vez mejor», cuidando de su moralidad, de su alimentación, de su salud, de sus «aprovisionamientos», de la infraestructura pública, de la seguridad pública, del comercio, etc.
La noción de seguridad aparece aquí de manera explícita: ésta se conseguía a través de la administración correcta de los hombres y de las relaciones sociales, de manera que a través del bienestar de la población, el estado mismo fuera capaz de mantener en el tiempo la seguridad.
Por lo tanto el control del territorio para la protección del ciudadano y de la democracia a través de video vigilancia como proponen los municipios, es una manera especializada de despliegue de poder para el disciplinamiento de la población que contribuye efectivamente a la estigmatización, quedando la totalidad cubierta sobre un manto de sospecha, más aún si tenemos en cuenta que el dispositivo es susceptible de colarse por los muros de los hogares, las escuelas y los hospitales, abarcando la totalidad del cuerpo social.
Resolver la inseguridad que genera el propio Estado
Dentro de todos los efectos que venimos alertando sobre la peligrosidad de sumir a la población bajo un constante control, incluso con la posibilidad del tráfico de información que pueden incrementar los delitos y exceso de poder, también es preciso dedicar tiempo al análisis de los aspectos «positivos» o «útiles» de una medida como ésta.
Podemos deducir, en primer lugar, que una de las ventajas o beneficios consiste precisamente en permitir que el poder gubernamental, tras el velo de la legalidad de las disposiciones, se involucre en combatir la inseguridad que provoca la exclusión social para mejorar la conducta de los habitantes. Este tipo de medidas permiten que la mirada vigilante del estado se convierta en un juez más hábil, más capaz, más atento para resolver la deserción escolar, el hambre, la falta de oportunidades laborales, la falta de condiciones digna de vivienda y todos los aspectos sociales de la que es directo responsable el municipio y que son la causa fundamental de la inseguridad.
Al mismo tiempo también permitirá a los intendentes involucrarse de manera directa en la solución de unos los problemas más acuciantes que en la actualidad está destruyendo a nuestras comunidades como es el narcotráfico. No tendrán más excusas para poner en el lugar que corresponde a todos los integrantes de la cadena de este grave problema, desde los financistas hasta los distribuidores y kioscos, salvo que ellos mismos sean parte del negocio.
En palabras de Foucault, «toda la campaña de la seguridad pública debe estar apoyada - para ser creíble y rentable políticamente - por medidas espectaculares que prueben que el gobierno puede actuar rápido y fuerte por encima de la legalidad. A partir de ahora, la seguridad está por encima de las leyes. El poder ha querido mostrar que el arsenal jurídico es incapaz de proteger a los ciudadanos».
La ampliación de los brazos del poder gubernamental municipal sobre la población, con un argumento perfectamente esgrimido y justificado que, ante la gravedad de los hechos, debe poder administrar más vigilantemente los peligros presentes en la sociedad, con miras no solamente a conjurar los efectos de los robos, sino también a incrementar las tácticas de todos los aspectos que conserven el orden público y social.
La instalación de video cámaras es precisamente la puesta en evidencia de una acción política que inseguriza, no solamente la vida de los individuos, sino la relación de los individuos con todas las instituciones que antes los protegían y como solución plantean artimañas donde la vida privada ya no puede ser ignorada, mientras las experiencias de Freyre y Morteros dan cuenta que la inseguridad de los robos no se resuelve.
En suma, es crucial entender que, como lo distingue lúcidamente Foucault, «la fuerza calmada del estado (...) envuelve su violencia; sus leyes, la ilegalidad ; sus reglas, lo arbitrario. Todo un enjambre de abusos, de excesos, de irregularidades forma no la desviación inevitable, sino la vida permanente y esencial del ‘estado de derecho”. Así pues, ese estado garante de las libertades individuales, de los espacios de privacidad inviolables, se ve obligado a revelar su verdadero rostro cuando se enfrenta a una amenaza que lo ataca en su raíz misma, que pretende destruir su pacto de seguridad con la población.
Claramente vemos que la cuestión de la seguridad como centro de las preocupaciones políticas, no tienen que ver con resolver los problemas de las personas, sino con la seguridad de mantener el poder.
