Fue trasladado al Complejo Esperanza un adolescente de 15
años que salió de una vivienda en Morteros con un perfume y una botella de fernet,
que había fugado de una institución utilizada como depósito de personas para
despojarse de responsabilidades, anunciaron con bombos y platillos, dando
cuenta como existe mano dura para los débiles y mano blanda para los
usurpadores de esperanzas, como un fiel reflejo de cómo la justicia actúa para
que una parte de la sociedad respire aliviada, dejando que el gobierno no
cumpla con las funciones establecidas en defensa de los derechos humanos.
En los últimos tiempos a través de los medios de prensa tanto
la polícia como la justicia, anuncian la institucionalización de adolescentes
en conflicto con la ley penal por haber cometido algún hecho contra la
propiedad como una gran obra de la justicia morterense, mientras causas de
corrupción vinculadas con el poder permanecen en los cajones desde hace casi
cuatro años, otras son arregladas con diferentes artilugios legales y la
mayoría de los delincuentes de guantes blancos operan impunemente a través del
lavado, la evasión, el narcotráfico para terminar privando de su libertad a las
víctimas del sistema.
La institucionalización de adolescentes en conflicto con la
ley penal, una medida que toman para tranquilizar las almas de algunos y al
mismo tiempo liberar el camino para la delincuencia de profundidad, es una
regresión en relación a la aplicación de los paradigmas acerca de la niñez y
adolescencia al volver sobre el patronato establecido a principios del siglo
pasado. Está práctica desde diferentes sectores manifiestan que lejos de
brindar contención, especializan en la formación delictiva con los consecuentes
daños para el conjunto de la sociedad. ¿Que causa será la que hace que
resuelvan enviar a los adolescentes a estos centros de desformación moral?
A contra mano
La legislación denominada «Patronato de menores» aprobada en
1919, se venía aplicando hasta que en el año 2005 se aprueba la Ley de
Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Si bien
ambas por inacción del Estado conviven, en nuestra ciudad los adolescentes y la
niñez eran institucionalizados en casos extremos, pero ante los cambios
producidos en Tribunales como consecuencia del fallecimiento del Dr. Horacio
Foa Torres, los pibes con conflictos con la ley penal por hechos contra la
propiedad terminan siendo enviados a las universidades de especialización del
delito, como son los institutos donde son alojados.
La legislación provincial, nacional e internacional reconoce
que al ser acusados por infringir la ley penal, se debe promover su
reintegración para que pueda asumir una función constructiva en la sociedad,
siendo la privación de la libertad una medida de última instancia, frente a
hechos de extrema gravedad, ya que se debe poner atención en la reinserción
social y no en el castigo.
Es decir que la justicia debe priorizar todas las
alternativas evitando la internación o el encierro, ordenando diversas acciones
de orientación, enseñanza y formación, recuperación de adicciones entre otras
para promover la inserción desde el desarrollo personal por intermedio de la
construcción de un proyecto de vida.
Si bien la autoridad de aplicación es la provincia y debe
propender a que los municipios establezcan órganos especializados, la
responsabilidad municipal es indelegable en la formulación y ejecución de
políticas públicas para el mantenimiento del interés superior de la niñez y la
adolescencia, privilegiando la asignación de los recursos para garantizar su
cumplimiento o en su defecto la Unidad de Desarrollo Regional (Uder) es a quien
le deben ordenar adoptar las acciones para integrar a los adolescentes que
cometen algún tipo de delito evitando la privación de la libertad.
Una mala vidriera
Dejar conviviendo en la ciudad a estos adolescentes que
tienen una determinada conducta como producto de las condiciones sociales,
pondrían al descubierto las deficiencias de la estructura social, las que en
lugar de solucionar desde políticas activas para ofrecer oportunidades a la
niñez y adolescencia, son segregados al separalos de la comunidad para
profundizar el problema estructural constituyendo el camino hacia la carrera
delictiva de mayor magnitud al ser los institutos verdaderas escuelas de
delitos, según lo ponen de manifiesto un gran número de informes de
profesionales e instituciones especializadas.
La justicia avala el incumplimiento de la legislación por
parte del Estado como parte del sistema que usurpa el futuro de la infancia y
la adolescencia aplicando mano dura para los olvidados, a los que no se les
enseño a trabajar, no se les brindó posibilidades de crecimiento tanto a ellos como
a sus padres cuando también fueron niños y adolescentes, juzgándolos
tempranamente al decidir quiénes son peligrosos y quienes son dignos de ser
salvados en función del poder que tenga en la sociedad.
Esos pibes despojados, desterrados y marcados a los que hoy
la justicia los arrincona institucionalmente, sin exigir que los gobernantes
cumplan con su deber de establecer políticas que los integre a la sociedad,
mientras otros con poder económico siguen libremente por las calles
enriqueciéndose con sus fechorías, está sistémicamente señalando que la
dignidad no se encuentra en los palacios de las sentencias de la sagrada
familia, las mismas que termina pidiendo mano dura para seguir teniendo mano
blanda.
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