Empleados municipales de Morteros utilizando una pala de mano arrastro un perro accidentado que se encontraba con vida hasta la pala de una retroexcavadora, y habría sido llevado al basural. Después que la Agrupación Colitas Contentas hiciera público el hecho un veterinario a través de una nota certifica que lo atendió un día antes y el intendente convoca a sus integrantes a tratar el tema de manera personal y carga la responsabilidad sobre un trabajador que habría recibido orden de las autoridades municipales.
El veterinario certifica que atendió el perro el día 10 de junio a las 18,30, cuando Colitas Contentas denuncia que el accidente ocurrió el 11 de junio aproximadamente a las 16 horas. Es esta una situación que debería constatarse.
En el hipotético caso que no existió otra causal y solo se debió a un error de tipeo en la fecha, debería investigarse las razones por la que fue llevado a la veterinaria dos horas y media después de que habría ocurrido el hecho. ¿El responsable del área fue informado recién en ese momento o lo supo desde que ocurrieron los hechos? Ante el estado público que tomo el hecho y frente a la factibilidad de alguna denuncia penal, ¿Por qué no se preservó el cadáver?
Los cadáveres se tiran libremente en el basural sin tomar ningún tipo de medidas precautorias ante la factibilidad de que produzca infecciones, enfermedades y demás. ¿Se cumplió con las normas en este sentido? No es este otro delito?
Cómo agente municipales intervinientes en la recolección del perro a quienes según el intendente les iniciaran un sumario administrativo ¿Se contempla a los funcionarios municipales que dieron las órdenes? ¿O se aplicará sanción solo al trabajador ejecutante de la orden?.
Ante un hecho de esta naturaleza porque el intendente municipal en lugar de tratar de silenciar el hecho, convocado a una reunión privada a un grupo de gente que solidariamente trabaja en defensa de los animales y tiene una gran dependencia económica del municipio para cumplir con su labor, no dio intervención a la justicia para que lleve adelante una investigación como muchos vecinos a través de las redes sociales lo solicitan para determinar si no se violó la Ley Sarmiento. Si nada tienen que ocultar no sería más transparente.
La Agrupación Colitas Felices al manifestar que no realizarían declaraciones ante los medios por que reciben apoyo para su funcionamiento institucional y siempre son atendidos por la Secretaria de Ambiente Claudia Pucci, después de recibir sugerencias para que no se presentaran ante la justicia, pone en evidencia el temor a actuar, más allá que niegan la existencia de presiones por parte de las autoridades municipales que se habrían enojado por el estado público que tomó el hecho.
La justicia local que al tomar conocimiento sobre un factible delito en función de sus prácticas habituales que es mirar para otro lado, no investiga de oficio, los concejales oficialistas como buenas manitos de yeso seguirán las ordenes impuestas del Ejecutivo, los de la oposición Demarchi y Capdevilla por temor a que si actúan sean tildados de utilizar la muerte de un perro para hacer política, seguramente también se quedaran en silencio, facilitando de esa manera que la ley del gallinero funcione a pleno y todo termine con un pobre empleado que recibe órdenes sancionado y “Acá no pasó nada”, como lo manifiesta la responsable en la materia del Colegio de Abogados de San Francisco, el intendente, la fiscalía y los grupos proteccionistas son cómplices del delito de violencia contra los animales.
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