Derechos sociales para el crecimiento humano

Desarrollo social, asistencia social, promoción social, acción social son distintas denominaciones que reciben las áreas municipales destinadas a atender a las personas con necesidades, las que cumplen asistiéndolas con alimentos, garrafas o ayudas económicas, pero muy pocas veces es llevado al terreno de los derechos sociales para ofrecer herramientas para salir de la pobreza.

Cuando hablamos de temas que tienen que ver con lo social, deberíamos a esta altura del Siglo XXI estar inmersos en un nuevo debate para establecer normativas para la atención material, económica y técnica que abarquen la diversidad de prestaciones como parte de las políticas hacia la equidad e igualdad desde una perspectiva de derechos sociales basados en la inclusión y la solidaridad.

A lo largo de la historia esta área en general se dedica a acciones destinadas a atender las mínimas necesidades o problemas que sufren «los pobres», pero por lo general sus políticas públicas no atañen a acciones orientadas al desarrollo y crecimiento humano para lograr profundas transformaciones, ubicandola en el mero asistencialismo, en  simple limosnero profundizando la dependencia de quienes padecen necesidades.

Esas políticas de dependencia ponen a quienes tienen necesidades ante la sociedad como responsables directos de la situación de miseria que sufren. Esta les hace creer, que se es pobre por falta de virtud, por vago, por falta de capacidad, por falta de aspiraciones, por no aprovechar oportunidades, así mismo son acusados de sostener una cultura arcaica o por transmisión familiar, de inmorales, de planeros entre otras tantas concepciones que ponen al otro como objeto de asistencia y receptor de todos los males de la sociedad por recibir alguna ayuda del Estado, haciendo que muchas veces terminen ahogándose en el alcohol o otras dependencias.

Cuando el Estado realiza enormes transferencias de dinero a empresas, muchas veces a multinacionales que se llevan el producto del trabajo de los argentinos fuera del país o cuando por diferentes situaciones se instrumentan programas para solventar crisis o actividades a personas o empresas con capacidad económica, son analizados con otra  vara, cuando en realidad ambos por distintas circunstancias, como corresponde son apoyados por el Estado.

Pero siempre es al pobre al que se lo pone bajo sospecha de ser el responsable de su situación, otorgándose mucho menos del mínimo indispensable para cubrir sus necesidades básicas, transformándolos en un depósito social de resentimiento y maltrato, cuando estos no demuestran la disciplina y valores de quienes dicen ser el reservorio moral de la Nación, sosteniendo que para recibir una ayuda deben ser esclavizados a través de tareas comunitarias, mientras que los esclavizantes cuando son beneficiarios de aportes estatales, nada tienen  que probar.   

Se sostiene el trabajo precario y servil, nunca el trabajo formal con salarios dignos, pero se pone de manifiesto que «no trabaja el que no quiere», mientras tanto para demostrar que son capaces de valerse por sí mismo tienen que humillarse por migajas resignándose a quedar del lado de la pobreza.

Esa pobreza que es atendida por los municipios, es el resultado de políticas nacionales instrumentadas desde hace medio siglo como parte de un sistema que permite se aprovechen de la necesidad y desesperación para que en el marco de la informalidad sean personas que estén obligadas a trabajar por una remuneración que no les alcanza para cubrir la básica alimentación quedando siempre sin posibilidades de poder satisfacerse de los bienes y servicios básicos para no ser considerada pobre.

Pero no es menos cierto que las áreas sociales de los municipios son el primer peldaño del Estado para la instrumentación de acciones que generen las herramientas para que dejen de ser objetos de explotación, avanzando en la discusión sobre la asistencia social como derecho, dando el debate sobre criterios mínimos acerca de qué niveles de desigualdad, de injusticia, de violencia, de despojo, estamos dispuestos a tolerar como sociedad, como parte de la formación del colectivo.

Con un rol activo desde las políticas públicas como parte del desarrollo y crecimiento, en un proceso consensuado entre todos los actores de la vida comunitaria, la puesta en marcha un plan de desarrollo local focalizado en el emprendimiento con un proceso colectivo y multiescala de valor agregado para que con sustentabilidad en el tiempo ofrezca igualdad de oportunidades para todos aquellos que quieran salir de la pobreza

Son trasformaciones profundas, lentas y difíciles que van encontrar la oposición de quienes usufructan de la pobreza, pero son necesarias para el progreso equitativo de nuestras comunidades.