En los últimos treinta años la aplicación de las políticas neoliberales generaron hondas transformaciones que terminaron por reconfigurar las bases de la sociedad. Un proceso de ajuste estructural con un modelo de crecimiento económico desvinculado del bienestar general que se tradujo en desempleo, precariedad, empobrecimiento y exclusión social.
Este proceso se caracterizó por una fuerte concentración de la riqueza que impactó de manera muy severa en la calidad de vida, modelando una sociedad sobre la base de las desigualdades económicas, sociales y culturales.
Estos cambios trajeron aparejados grandes transformaciones de la política, como la subordinación de la política a la economía y la consolidación del presidencialismo a través de la concentración de poder con potestades absolutas que fue asentando la delegación por sobre la representación con una fuerte vocación personalista.
Tras el diciembre de 2001, un nuevo escenario político se abría, marcado por una profunda crisis económica, el cuestionamiento de las formas de representación política y las crecientes movilizaciones sociales.
Una distancia creciente entre las opiniones e intereses de la ciudadanía y las instituciones políticas, una muy baja estima en la política en general, y en la dirigencia política en particular, y la sensación general de que las expectativas depositadas en los representantes habían sido y volverían a ser defraudadas, estos parecían ser los rasgos característicos de la crisis de representación que se vivía. Al descrédito de los partidos y la dirigencia habría de sumarse el de las instituciones republicanas.
En definitiva, a partir de la crisis de 2001, las transformaciones en la Argentina, lejos de expresar una dinámica social pasajera, puso de manifiesto la modernización excluyente y la multiplicación de las desigualdades.
Sin embargo, más allá del anti neoliberalismo, no se vislumbra un proyecto tendiente a revertir los parámetros de acumulación del injusto modelo consolidado durante la década menemista, ya que con un nivel de crecimiento importante, son los sectores de mayores recursos quienes se apropian exclusivamente de los beneficios de ese crecimiento, frente a una respuesta del gobierno nacional que no está a la altura de las circunstancias.
La intervención del Estado sobre la inequitativa distribución del ingreso se limita a las políticas sociales que insisten con un modelo que ha demostrado su ineficacia para disminuir la pobreza y la indigencia, y a algunos aumentos salariales y a jubilados puntuales e insuficientes. Este conjunto de medidas dista de constituir una política redistributiva, menos aún el anuncio de la construcción de hospitales, escuelas y caminos.
El conflicto con el campo por un lado puso en evidencia que en el plano político e institucional, la tradición presidencialista sigue siendo el fiel estilo de construcción a pesar que se insiste en cambiar la vieja política, ya que se insiste con la gobernabilidad anclada en la confrontación.
Por otra lado hay sectores que igual que en los 90 insisten con privilegiar el crecimiento económico en desmedro de la redistribución social, con una alta concentración de la riqueza consolidando las desigualdades.
Los 140 días de movilización que llevaron a cabo sectores del campo apoyados desde las sombras por sectores partidarios e intereses económicos concentradores, independientemente que se acuerde o no con las causas que generaron la movilización de gran cantidad de gente, fue una real y concreta muestra que la participación ciudadana permite torcer decisiones.
Esa fuerza popular que fue puesta al servicio de la patria sojera, habría sido fructífera si se hubiese apostado a la defensa de la igualdad de la prácticas sociales y económicas, con políticas sostenidas para que los pequeños y medianos productores puedan obtener una mejor rentabilidad en sus explotaciones, para que los trabajadores accedan a mejores condiciones, para que el crecimiento de la riqueza nacional se redistribuya con verdadero sentido federal y no que sea el presidencialismo quien disponga cómo, dónde y cuándo se utilizarán los recursos que se recaudan.
No debemos esperar que el mero crecimiento económico logre por si solo mejorar las condiciones de vida, sino que basados en la solidaridad colectiva utilicemos la fuerza demostrada durante el conflicto del campo para que la equidad no dependa de liderazgos personalistas, sino de un Estado democrático, representativo y participativo que se asiente en el consenso y la participación de los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida, para que las políticas se generen en beneficios de todos y no solo para unos pocos.
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