En nombre de la seguridad cada vez son más las comunidades que instalan o proyectan instalar cámaras para vigilar a los vecinos, con el propósito de justificar que están haciendo nada contra la inseguridad humana. Estos programas que significan una importante erogación económica, son promovidas por los gobiernos de Córdoba y Santa Fe, las mismas provincias que están complicadas con la narco policía, es decir los encargados de controlar las imagenes de como se mueve la población.
Cada vez que se habla de seguridad se lo hace desde una perspectiva reduccionista para el cuidado de los bienes materiales, por lo que las medidas se reducen a la instalación de cámaras de vigilancia y al incremento de la represión para estigmatizar a los sectores sociales más vulnerables, pero nada se dice de enfrentar al narcotráfico, la trata, la marginalidad, la violencia social y estructural, es decir no se plantea la necesidad de generar seguridad humana con una visión más amplia sobre la protección de las libertades considerando a las personas como sujeto de derechos.
Los chicos víctimas de injusticias ingresan al mundo de las drogas que después transforman en trabajo para el sustento y como en toda actividad, licita o ilícita se piensa en crecer, entonces ingresan al mundo de la delincuencia, pero no existe capacidad, ni voluntad política de enfrentar estos problemas, cuando no es por complicidad de ciertos sectores de poder con las redes mafiosas que hace que la narco política sea la que tome las decisiones de gobierno, mientras los jóvenes son víctimas de la marginación, la explotación y la denigración.
Los intendentes, presidentes comunales y concejales que con bombos y platillos anuncian la instalación del servicio de inteligencia a través de cámaras para controlar lo que hace cada uno de los vecinos, invirtiendo sumas siderales, haciendo creer que encontraron la receta para cuidar los bienes de quienes más tienen, pero que las estadísticas demuestran que no evitan el delito.
Estos mismos funcionarios que resuelven con cámaras y represión la inseguridad humana, se habrán preguntado alguna vez ¿Cuál es la seguridad para los droga dependientes que ingresan por ineptitud o complicidad de quienes ostentan el poder?
Habrán pensado alguna vez en como resolver la indiferencia al sufrimiento de esos chicos para que dejen de caminar en la oscuridad social, sin posibilidad de conocer el rumbo.
Hace un par de años cuando denunciábamos que la regulación del esparcimiento nocturno, que implica modificar el horario del cierre de boliches, la venta de alcohol a adolescentes y otras cuestiones que apuntan a generar un cambio cultural en la región, fue abortado por el Concejo Deliberante de Morteros, como consecuencia de la incapacidad de control, recibimos como lo expresara el Dr Miguel Rodríguez Villafañe el mejor reconocimiento a nuestra labor periodística, una carta documento intentando quedarse los concejales tanto de Unión por Córdoba como del radicalismo del periodo anterior con mis pocas herramientas de trabajo bajo amenaza de juicio por daños y perjuicios, mientras todo siguió profundizándose, el negocio de la noche siguió sin modificaciones.
El alcohol y la droga siguen siendo en cada una de las localidades de nuestra región los principales protagonistas en beneficio de unos pocos que lucran ante el silencio de las autoridades. Cómo sociedad deberíamos preguntarnos ¿Porque se sigue sosteniendo el negocio antes que la defensa de la vida? ¿Por qué las autoridades municipales no hacen cumplir las ordenanzas? Porque la policía aplica el Código de Faltas a los adolescentes y jóvenes alcoholizados y no lo aplica a quienes expenden alcohol?. ¿Por qué la justicia no actúa de oficio? Las respuestas se la dejo para que cada uno encuentre la que mejor considere, pero sobre todo para que se reflexione acerca de lo que está pasando.
Lo que no podemos hacer como sociedad, es seguir mirando hacia otro lado, mientras los accidentes de tránsito son moneda corriente, esto según lo expresan desde el área correspondiente del gobierno provincial es como consecuencia de las adicciones, la violencia se incrementa en distintos ámbitos, como así también otras expresiones vinculadas al alcohol, las drogas sintéticas y otras sustancias que generan un pingüe negocio para unos pocos, mientras desde municipios y comunas pretenden justificarlo con la instalación de cámaras de video vigilancia.
Las cámaras deben ser utilizadas para poner al descubierto la indefensión de quienes necesitan contención, protección de sus derechos, se las tiene que enfocar hacia los despachos de decisiones para que se comience a pensar en seguridad humana y se deje de robar la esperanza de la niñez, adolescencia y juventud para que puedan sonreír y no seguir hipotecando el presente para que pierdan el futuro.
