A María Luisa Retamozo se la tragó el pozo ciego de la violencia

¿Por qué no tomaron la denuncia? ¿Por qué no se hicieron rastrillajes desde el principio? ¿Por qué tuvimos que hacer una marcha para que salgan a buscarla? ¿Por qué no tuvieron en cuenta las pruebas que entregamos? ¿Por qué dejaron que tenga el peor final? Son estas algunas de las tantas preguntas que públicamente en las dos marchas realizó la familia a la policía y a la justicia sin que se le brindaran respuestas. Esa misma policía, esa misma justicia que cuando recibió denuncias por violencia no actúo a pesar de las marcas de los golpes que marcaban el rumbo de la vida, dejó que el espiral termine cuando la muerte cayó como una guillotina. Serán ahora capaces de dar una respuesta para terminar con el avance colonizador que domestica, domina y controla vidas.

Los golpes de un hombre marcaron el rumbo de la vida y la muerte de María Luisa. Ella es otra de las víctimas de un sistema que oprime hasta matar por el hecho de ser mujer, pero también es el padecimiento de las instituciones estatales que demuestran que solo revictimiza y responsabiliza a las mujeres, profundizando su condición de vulnerabilidad y aislamiento. 

Los femicidios son sólo la última expresión de una larga cadena de violencias contra las mujeres, que se legitima y reproduce permanentemente desde las instituciones del Estado. Esa estructura de patriarcado institucional que con anterioridad no atendió con contundencia las diferentes situaciones vividas que terminó con la muerte de María Luisa, es la misma que  concibió que desde la policía no se atendiera la denuncia por la desaparición desde el primer momento, pero a su vez es el patriarcado judicial, en esta oportunidad ejercido por una mujer, el que naturaliza la discriminación y la violencia que sufren las mujeres, resolviendo no ordenar la realización de rastrillajes hasta después de que la comunidad se expresará a través de una marcha frente a la comisaria IV de Suardi. 

Ante la falta de respuestas e información reclamada por los familiares, la policía local como desde la departamental derivó la responsabilidad en la Policía de Investigaciones y esta a su vez en la Unidad Fiscal N° 10 de San Cristóbal que es quien tiene a su cargo la causa, así mismo desde el gobierno provincial a través de la Dirección de Trata de Personas intentaban bajar los decibeles asegurando que la justicia y la policía estaba trabajando, como si se tratara de un objeto en lugar de una persona a quien se estaba buscando, si es que en algún momento durante todo esos días se buscó.

Este caso es una muestra en toda su dimensión, que fiscales, policías y jueces, como parte de la discriminación por género del sistema de justicia, no investigan los hechos que se denuncian, formando parte de un patrón de impunidad que existe en la mayoría de los hechos de violencia al no ser escuchadas o peor aun desestimadas como parte de la cadena de violencia que sufren las mujeres. 

En estos días seguramente escucharemos y leeremos «se investigará hasta las últimas consecuencias», pero es práctica habitual que no se haga justicia en toda su dimensión ante la muerte de una mujer, más allá que sea condenada la saña patriarcal del ejecutor del femicidio, las redes cómplices de los diferentes estamentos de gobierno, policiales y judiciales que dejan que sigan desapareciendo cuerpos y vidas no serán juzgados, seguirán actuando con impunidad. 

Evitar que María Luisa desaparezca rápidamente de la memoria colectiva sosteniendo el clamor social y los medios de comunicación y prensa no dejen el hecho en el olvido hasta la próxima muerte, es la única herramienta que posibilitará justicia plena para una transformación que evite el pozo ciego de la violencia patriarcal.